En la Gaceta Oficial 37.076, del 13 de noviembre de 2001, destacaron dos leyes que impactaron en los intereses de sectores empresariales con ciertos privilegios obtenidos en administraciones pasadas: la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
El objetivo de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario fue "eliminar el latifundio como un sistema contrario a la justicia, el interés general y la paz social en el campo".
La Ley Orgánica de Hidrocarburos y se puso fin al proceso de apertura petrolera con el objeto de darle al Estado venezolano suficiente autonomía para manejar los procesos de producción, explotación, comercialización y refinación a través de PDVSA.
El Decreto con Fuerza de Ley de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001 tocó diversos intereses privados y políticos, lo que ocasionó el golpe de Estado en abril de 2002 y el paro petrolero posterior (desde diciembre de 2002 a febrero de 2003) que produjo pérdidas entre 18 y 21 millones de dólares a la nación.
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